DENUNCIAN VENTA IRREGULAR DE UNIDADES MOTORIZADAS DEL GRUPO PUMA: PRESUNTAS EXTORSIONES Y COLUSIÓN CON ALTOS MANDOS
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Morelia Mich. 09 de junio del 2025
Elementos que han decidido desertar del Grupo Puma —agrupamiento motorizado vinculado a tareas de seguridad en el estado— comenzaron a revelar una serie de presuntas irregularidades que apuntan a una red interna de corrupción, extorsiones y abuso de autoridad dentro del sistema policial en Morelia.
De acuerdo con testimonios recabados, las unidades motorizadas asignadas a elementos en activo están siendo revendidas presuntamente por Alejandro Velásquez Navarro, alias “El Choco”, quien habría tomado control del flujo de motocicletas nuevas que son desincorporadas del servicio tras la renuncia o salida de agentes inconformes.
Los reportes señalan que varios de estos desertores se han negado a pagar lo que se conoce internamente como “la tanda”, una supuesta cuota económica que, según las denuncias, permite operar con libertad en las calles mediante actos de extorsión a la ciudadanía. Este pago tendría como finalidad mantener el respaldo de figuras como Julio Arreola G., señalado como uno de los líderes en la estructura del grupo, y su segundo al mando, Manuel Salvador Gómez M., quienes presuntamente operan como regionales de Morelia.
Además del supuesto cobro por operar impunemente, los agentes han denunciado que se les exige el pago de 15 a 20 mil pesos para acceder a un cambio de unidad motorizada, además de entregar su motocicleta anterior en condiciones óptimas para que pueda ser revendida. Este mecanismo habría sido convertido en un negocio paralelo que beneficia a un grupo reducido de mandos.
Las denuncias también apuntan a una presunta red de protección institucional, en la que figuran nombres como el del subsecretario de operaciones policiales José Ortega Silva y el coordinador de Comisarías Regionales Víctor Acosta Castro, quienes, según las fuentes, mantendrían convenios de colaboración con estructuras del crimen organizado. Esta complicidad permitiría el libre desplazamiento de personas involucradas en actividades ilícitas, incluidos homicidios dolosos, así como el supuesto trasiego de sustancias prohibidas en la capital michoacana.
La situación se agrava con los señalamientos de que los responsables han desviado recursos mediante el robo de combustible de unidades operativas y mediante acuerdos irregulares con empresas de grúas particulares.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial sobre estas acusaciones. Sin embargo, diversas organizaciones civiles han exigido que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública abran una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Mientras tanto, el silencio oficial y la creciente salida de elementos del Grupo Puma aumentan la preocupación sobre el grado de deterioro institucional dentro del aparato de seguridad pública en Morelia.
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