Oficial de la Guardia Civil que perdió la vida en un accidente era el encargado de vender el armamento a grupos criminales

Morelia, Mich. 24 de junio del 2025 – El accidente ocurrido el pasado 9 de junio sobre la avenida Madero, que dejó como saldo a un peatón sin vida y, horas más tarde, al fallecimiento del propio oficial involucrado, ha destapado una grave acusación que trasciende lo meramente vial. El elemento de la Guardia Civil, quien conducía una motocicleta tipo pista y murió en el hospital Star Médica, fue señalado a través de una denuncia anónima como presunto operador en la venta ilegal de armamento decomisado a grupos de la delincuencia organizada.

La denuncia, enviada de manera anónima a este medio con el objetivo expreso de exponer la porquería que se vive dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, incluye una serie de fotografías del armamento presuntamente involucrado. En ella se detalla que el oficial no actuaba solo, sino que era parte de una estructura al interior de la corporación encargada de comercializar armas que deberían estar bajo resguardo del Estado. Esas ventas ilegales representaban ganancias millonarias que, según el testimonio recibido, alcanzaban hasta los más altos mandos de la dependencia.

Lo más alarmante es que muchas de estas armas habrían terminado nuevamente en manos de los grupos criminales a los que originalmente se les habían decomisado. Esta realidad plantea una pregunta que no puede seguir siendo ignorada: ¿Cuántas de esas armas han sido utilizadas para emboscar, herir o asesinar a los propios elementos de seguridad pública?

Mientras policías estatales y federales arriesgan su vida en el cumplimiento del deber, el armamento que debería haber sido destruido o resguardado termina regresando al campo de batalla —solo que esta vez, apuntando contra ellos.

El traslado del oficial a una clínica privada de alta especialidad, por instrucciones del subsecretario de Seguridad Pública, ha generado suspicacias. Al interior de la corporación se percibe como una maniobra para proteger a alguien que tenía información comprometedora, en contraste con la indiferencia que enfrentan otros policías lesionados que deben conformarse con atención en el sistema público de salud.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha salido a aclarar los hechos ni a responder por la denuncia. El silencio institucional no solo es cómplice, es criminal. La descomposición dentro de la Secretaría de Seguridad Pública es más profunda de lo que se reconoce oficialmente, y casos como este son solo una muestra de una estructura corrompida desde sus entrañas.

La ciudadanía merece respuestas. La tropa honesta merece justicia. Y Michoacán merece seguridad real, no simulaciones.

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