MICHOACÁN: UN ESTADO ENTREGADO AL CRIMEN ORGANIZADO BAJO LA COMPLICIDAD DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y ALTOS MANDOS POLICIACOS
Morelia mich.29 de julio del 2025
Michoacán vive uno de sus peores momentos en materia de seguridad. A casi tres años de la actual administración estatal, la percepción ciudadana y los señalamientos internos coinciden en una acusación contundente: el gobernador habría logrado uno de sus principales objetivos no declarados, entregar el control del estado a la delincuencia organizada.
Según informes filtrados y testimonios de mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el verdadero poder detrás de la violencia que azota la entidad proviene de un “cártel interno” operando desde las entrañas de la propia corporación.
A la cabeza de esta estructura se encuentran el subsecretario de Operaciones Policiales, José Ortega Silva, y el coordinador de Comisarías Regionales, Víctor Acosta Castro, quienes presuntamente mantienen acuerdos con líderes de diversos cárteles y utilizan a comandantes regionales, directores y subdirectores como piezas clave para facilitar las operaciones ilícitas en casi todos los municipios.
“Aquí no se combate al crimen, se negocia con él. Los que se resisten son removidos o enviados a zonas sin influencia. Los que aceptan, ascienden rápido”, denunció bajo anonimato un elemento con más de 15 años de servicio en la SSP.
Entre los nombres señalados como parte de esta red de complicidad destacan:
Hugo Adrián Sánchez Arévalos, alias El Perri, Regional de Zamora.
Ángel Ríos Hernández, alias El Coyote, Regional de Apatzingán.
Eduardo Rincón Chávez, ex Regional de Jiquilpan.
Abundio Alfaro Méndez, Regional de Uruapan.
Juan José Cervantes Bucio, Comisario Regional de Zitácuaro.
Jesús Ulises Celaya Limas, ex Regional de Zamora.
Bernardino Gómez Ávila, ex Regional de Uruapan y Zamora, con formación castrense y señalado por evadir la justicia.
Julio y Eugenio Arreola G., quienes también han sido vinculados a esta estructura por su presunta cooperación con grupos criminales a cambio de dádivas económicas.
A todos ellos se les atribuye un súbito aumento de su patrimonio, con propiedades y lujos que contrastan con sus ingresos oficiales: ranchos en la región de Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, casas de lujo en Morelia y Uruapan, camionetas blindadas último modelo y viajes constantes al extranjero. Sin embargo, ninguno ha sido objeto de investigaciones por enriquecimiento ilícito ni han sido auditados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pese a las constantes denuncias públicas y mediáticas.
Recientemente, en Uruapan, se colocó como coordinador operativo de la Policía Municipal a Juan Antonio Aranda Torres, un militar señalado por su participación en el 27 Batallón durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un nombramiento que, para muchos, demuestra que, en Michoacán, un currículum “manchado de sangre” o cargado de acusaciones de corrupción no es un obstáculo, sino una credencial de acceso a puestos estratégicos.
Los directores de seguridad pública en municipios como Zamora y Uruapan también han sido exhibidos en diversas denuncias ciudadanas y reportajes por sus presuntos vínculos con grupos delictivos, facilitando su control territorial.
Los datos oficiales reflejan esta realidad: de enero a junio de 2025, Michoacán ha registrado más de 1,250 homicidios dolosos, con Zamora, Uruapan y Apatzingán encabezando la lista de municipios más violentos. Tan solo en la primera mitad de julio, los enfrentamientos armados y las desapariciones forzadas han dejado un saldo de más de 80 víctimas, cifras que superan los registros del mismo periodo en 2024.
“Los cárteles ya no pelean por Michoacán. Aquí les abrieron la puerta y les dieron las llaves del estado”, afirmó otro mando policial que pidió permanecer en el anonimato.
Ante la gravedad de los señalamientos, organizaciones civiles y expertos en seguridad exigen la intervención inmediata de la fiscalía general de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar a los mandos de la SSP y a los alcaldes señalados por sus vínculos con el crimen organizado.
“No se puede permitir que quienes deberían garantizar la paz en Michoacán sean los principales promotores de la violencia. Es urgente auditar su patrimonio y procesarlos por complicidad y enriquecimiento ilícito”, sentenció un analista en temas de seguridad.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa atrapada entre el fuego cruzado y la indiferencia de las autoridades, que parecen más interesadas en la negociación y el reparto de territorios que en garantizar la seguridad.
“En Michoacán, si tienes un currículum manchado de sangre o de corrupción, siempre habrá un lugar para ti en la seguridad pública”, concluyó uno de los entrevistados.
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